A través de la campaña #SinRecursosNoHayCuidados, desde todas las federaciones que conforman Plena inclusión España (agrupa a 950 entidades de todo el país), reivindicamos el apoyo con fondos públicos a iniciativas que garanticen la autorrepresentación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el movimiento asociativo.
Uno de los objetivos centrales de Plena inclusión
De todas las metas que tenemos marcadas, sin duda, se encuentra a la cabeza generar espacios de autorrepresentación para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Gracias a ello, podrán defender por sí mismas sus derechos, tanto dentro como fuera del movimiento asociativo.
Eso sí, para que esta participación disfrute de continuidad y pueda desembocar en coliderazgo en las asociaciones, es fundamental que las administraciones garanticen la financiación pública de proyectos emancipadores.
#ElPoderDeLasPersonas: nuestra gran apuesta
Desde hace años, a través de la estrategia #ElPoderdelasPersonas, venimos desarrollando plataformas estatales y autonómicas de autorrepresentación.
Así, mediante formación de líderes e incidencia política con instituciones y organismos, perseguimos que cada vez más personas con discapacidad intelectual y del desarrollo ejerzan (al igual que el resto de la población), el derecho a la participación y el coliderazgo en las asociaciones y en la sociedad.
Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España explica por qué es fundamental que estos avances logrados en los últimos tiempos se consoliden y no desaparezcan:
“Luchamos cada día para lograr una sociedad más inclusiva en la que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo accedan a espacios más amplios de autorrepresentación. Pero esto no se consigue si los proyectos que impulsamos y en los que ellos y ellas son protagonistas no cuentan con apoyo económico suficiente de las administraciones públicas. Por ello, repetimos que, sin esos recursos, este logro inclusivo no se logrará«.
Iniciativas de autorrepresentación en curso
Pedimos que se asegure el apoyo económico para continuar con iniciativas, como:
- La Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, órgano participativo creado en 2022, que cuenta con activistas de 14 comunidades autónomas.
- El proyecto ‘Cara a Cara’, que permite a quienes integran la Plataforma Estatal visitar las federaciones autonómicas de Plena inclusión y, así, explicar las ventajas de la presencia de las personas con discapacidad intelectual en las Juntas Directivas de las entidades.
Nuestras demandas en el contexto de #SinRecursosNoHayCuidados
Carmen Laucirica, en relación a otra cuestión vinculada con la financiación pública de las ONG, se ha sumado a la reivindicación del movimiento organizado de la discapacidad que pide prorrogar un lustro el modelo mixto de reparto del 0,7% del IRPF:
- Con un 80% para CCAA
- Con un 20% para el Estado
De esta manera, y junto con el CERMI, desde Plena inclusión emplazamos al Gobierno central y a las autonomías a actualizar con celeridad el acuerdo de distribución de las asignaciones tributarias de interés social.
A su vez, Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España, expone las dificultades que personas con discapacidad intelectual y del desarrollo viven todos los días:
«Tenemos problemas muy concretos, como los copagos que asumimos cada mes para tener los apoyos que necesitamos y que nos quitan la posibilidad de hacer otras actividades que nos gustan. Por eso, es importante que las administraciones públicas financien de forma suficiente los servicios de apoyo y cuidados. Pero también, que destinen recursos públicos para que las personas con discapacidad podamos aprender a participar, nos formemos para representar a nuestros iguales y podamos contar a todo el mundo lo que queremos y necesitamos».
Desde Plena inclusión y, por tanto, desde Plena inclusión Canarias, situamos esta demanda en #SinRecursosNoHayCuidados:
- Acción de sensibilización e incidencia política
- Desarrollada desde finales de 2024
- Reclama una financiación pública justa con la que se puedan garantizar los apoyos y cuidados
- Beneficia a más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias