• En vísperas del Día de la Discapacidad, la confederación que agrupa a 950 asociaciones y gestiona 4.000 centros y servicios reivindica la dignificación del sector de los cuidados.
• Enrique Galván, director de Plena inclusión España: “En el año 2025 nos enfrentamos a la situación más crítica en términos de sostenibilidad para las entidades de Plena inclusión de los últimos 15 años”.
Plena inclusión, la red española más importante que presta servicios y apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down), alerta de la crítica situación a la que se enfrenta el sector. La organización, que en 2024 ha cumplido 60 años de existencia y que reúne a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y a sus familias, ha lanzado un SOS.
“Vivimos una crisis desconocida desde la que azotó al Tercer Sector en el período comprendido entre 2008-2012” explica Enrique Galván, director de Plena inclusión España. Y prosigue: “Si las administraciones públicas responsables no lo remedian, en 2025 la amenaza de cierre sobrevuela como una realidad para asociaciones que prestan apoyos fundamentales a miles de personas con discapacidad intelectual y a sus familias”.
Con el fin de dar la voz de alarma y sensibilizar a responsables políticos y a la sociedad española, Plena inclusión ha lanzado la campaña Sin Recursos NO hay Cuidados que se estrena en vísperas del 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Esta acción de incidencia política y sensibilización social pretende prolongarse hasta el próximo verano, y planta sus bases teóricas en el documento ‘Por un Pacto de Estado para la Dignificación del Sector de los Apoyos y los Cuidados’.
Contexto preocupante
La finalización del Plan Estatal de choque de la Dependencia y la incertidumbre sobre la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado generan un contexto poco esperanzador.
Un escenario de ajuste presupuestario y la pretensión del Gobierno de fijar como prioridad la lucha contra el déficit pueden suponer el abandono de la posibilidad de compensar la infrafinanciación histórica de las entidades sociales.
Otros síntomas preocupantes:
- Las subvenciones y ayudas a la inversión y al mantenimiento de centros se han eliminado prácticamente en todos los presupuestos autonómicos.
- A partir de enero se prevé un aumento de costes salariales que rondará el 12%, pero se seguirá sin contar con unas condiciones laborales dignas para el sector (conducen a una fuga continua de talento y profesionales porque los salarios de nuestro sector no son competitivos).
- Nuestras organizaciones chocan con un cálculo desajustado de los precios plaza (entre un 25% y un 30% por debajo del coste real).
- Desde las administraciones, se sigue aumentando las exigencias de servicio en cuanto a atención personalizada, planes de apoyo conductual o tecnología disponible; tal como arroja el nuevo marco de acreditación de servicios que plantea exigencias que compartimos, pero que no garantizan apoyos suficientes sobre los recursos a movilizar.
- Un marco regulador rígido y dañino, como la ley de desindexación, que justifica la no elevación de precios y su ajuste a los costes reales; el impacto negativo del IVA soportado de las entidades exentas del mismo; el aumento de cargas administrativas y de cumplimiento legal como sistemas de ciberseguridad, compliance, etc.
Ausencia de respuestas concretas
“El comportamiento de las administraciones autonómicas, exceptuando algunos anuncios esperanzadores, se limita a ofrecer subidas insuficientes o congelación de la financiación.
Dichas administraciones son conscientes de la injusta situación vigente, pues los recursos públicos de atención a personas con discapacidad que ellos gestionan tienen un coste superior a un 30% de los recursos económicos para su funcionamiento”, abunda Enrique Galván.
“Todo lo anteriormente mencionado supone un riesgo sistémico que cuestiona el ejercicio de los derechos humanos de muchas personas y sus familias. Se precisa de manera urgente una estrategia sostenida de inversión social para apuntalar este cuarto pilar del Estado de Bienestar que hoy, desgraciadamente, se tambalea”, puntualiza Galván.
La situación en Canarias
Plena inclusión Canarias se suma a la campaña Sin recursos No hay cuidados, puesto que:
- Gestionamos 2030 plazas de dependencia y vivimos una situación económica crítica por el desfase entre el coste real de los servicios y la financiación pública recibida.
- Nos deben las actualizaciones y los pagos de costes de 2 años, 2023 y 2024 (SMI e IPC) y el incremento del 10% de convenio colectivo en enero del 2025.
- Para resolver el desfase en la financiación, el Gobierno de Canarias debe comprometerse a aumentar el presupuesto en los servicios que más déficit arrastran hasta llegar al coste real.
- Los incrementos son fundamentales para prestar servicios de calidad en 2025.