En mayo de 2024,
Plena inclusión España
y la asociación Liber
avisaron de un problema importante.
Según estas organizaciones,
una ley está haciendo
que algunas personas
con discapacidad intelectual
pierdan apoyos que ya tenían.
La ley se llama Ley 8/2021.
Desde que esta ley se aplica,
algunas personas han dejado de recibir:
- Ayudas económicas.
- Beneficios para pagar menos impuestos.
Estas ayudas eran muy importantes
para que las personas con discapacidad
y sus familias pudieran vivir mejor.
La Oficina del Defensor del Pueblo
ha dicho que esta situación es grave
y ha pedido al Gobierno
que actúe para solucionarla.
¿Por qué ocurre este problema?
La Ley 8/2021 cambió
la forma de proteger
a las personas con discapacidad.
Antes, muchas personas
tenían una tutela legal.
Esto quiere decir
que otra persona tomaba decisiones por ellas.
Ahora, la ley busca algo distinto:
que las personas con discapacidad
puedan decidir por sí mismas,
con los apoyos que necesiten.
Este cambio tiene una buena intención.
Pero ha creado un problema nuevo.
Algunas personas
ya no tienen una tutela reconocida.
Por eso,
Hacienda y la Seguridad Social
les han quitado algunas ayudas.
Como resultado,
estas personas están ahora
menos protegidas que antes.
¿Qué propone el Defensor del Pueblo?
La Oficina del Defensor del Pueblo dice
que es necesario cambiar otras leyes, como:
- La Ley General de la Seguridad Social.
- La Ley del Impuesto sobre la Renta.
Estas leyes deben adaptarse
para que nadie pierda derechos
por el tipo de apoyo que tenga.
El Defensor del Pueblo
ha hablado con el Ministerio
de la Presidencia y Justicia.
Este ministerio puede ayudar
a que todos los ministerios
trabajen juntos
y encuentren una solución.
¿Qué dice Plena inclusión?
Carmen Laucirica
es la presidenta de Plena inclusión España.
Ella explica que la Ley 8/2021
quería mejorar la vida
de las personas con discapacidad.
Pero, en la práctica,
la ley ha provocado
la pérdida de ayudas
muy necesarias para muchas personas.
¿Qué opinan los otros ministerios?
En enero de 2025,
Hacienda
y Seguridad Social
dijeron que no quieren cambiar las normas.
Sin embargo,
el Ministerio de Derechos Sociales
sí quiere buscar una solución.
Este ministerio propone
que las ayudas se mantengan
para todas las personas
que necesitan apoyos,
aunque ya no tengan tutela.
Así se evitaría
que las personas con discapacidad
pierdan derechos
por un cambio en la ley.