El último informe ‘El estado de la pobreza en España’ de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) revela que el 32,9% de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo viven en situación de precariedad económica y exclusión social, superando con creces la media del resto de la población.
Desde todas las federaciones que componemos Plena inclusión (juntas apoyamos más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias), alertamos sobre el creciente riesgo que enfrentan estas personas y sus entornos familiares. En especial, durante la etapa laboral, el 40,7 % de quienes tienen entre 16 y 64 años experimentan una situación más vulnerable, según el mismo informe.
La pobreza en España y el acceso a la vivienda
Entre los principales obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias, denunciamos que el copago y las dificultades para acceder a una vivienda adecuada agravan esta realidad, afectando la calidad de vida y las oportunidades de autonomía.
Por ello, reclamamos la reforma urgente de la Ley de Dependencia para eliminar el copago: una carga económica que supone un esfuerzo desproporcionado para miles de familias, especialmente aquellas con miembros que tienen mayores necesidades de apoyo.
Según un estudio conjunto con el INICO (Universidad de Salamanca), estas familias afrontan gastos anuales que oscilan entre 24.000 y 47.000 euros, incluyendo salud, educación, atención especializada y adaptaciones en el hogar.
Además, exigimos medidas que garanticen el acceso a viviendas accesibles y asequibles, fundamentales para que las personas con discapacidad intelectual puedan elegir y vivir de manera autónoma fuera de entornos institucionalizados.
En este sentido, Carmen Laucirica, presidenta de Plena inclusión España y de Plena inclusión Canarias, destaca la importancia de estas reivindicaciones:
“La pobreza recorta derechos e impide tomar decisiones sobre cómo vivir. El copago es una barrera económica y social, lo hemos dicho muchas veces. Por esa razón, exigimos una financiación pública justa y accesible que garantice la igualdad y el acceso a los derechos que tiene el resto de la ciudadanía”.