Día Internacional de las Familias 2025 en Plena inclusión Canarias

Hoy, 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de las Familias. En consecuencia, desde el movimiento asociativo Plena inclusión Canarias (28 entidades comprometidas con el apoyo a más de 4.500 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias), nos unimos a la campaña estatal #SinRecursosNOHayCuidados para visibilizar el abandono institucional que sufren quienes asumen los cuidados de estas.

Madres, padres, hermanos y hermanas de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo protagonizan esta campaña. Es el caso de Pino Santana, que reside en Las Palmas de Gran Canaria con su hijo.  

Madre en una familia monoparental, Pino agradece los apoyos prestados por Plena inclusión Canarias, puesto que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias. 

Pino Santana realiza especial hincapié en el Servicio de Conciliación Familiar, del que destaca el acompañamiento personalizado que recibe. 

El Día Internacional de las Familias: un recordatorio de que los apoyos dependen de financiación

“En su testimonio, Pino también denuncia que las administraciones públicas dificultan la conciliación al aprobar presupuestos para el Servicio de Conciliación Familiar que limitan el número de horas disponibles por familia, sin tener en cuenta su realidad.”

Para la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, que también es madre y hermana de personas con discapacidad intelectual, “estamos en un momento en el que son urgentes políticas sociales sostenidas, financiación estable y una corresponsabilidad real en los cuidados por parte de los poderes públicos”.  

La campaña de Plena inclusión por el Día Internacional de las Familias incluye vídeos en redes sociales con el lema #SinRecursosNoHayCuidados. Los mensajes que se transmiten lanzan un SOS, alertando de una situación crítica para las 950 entidades del movimiento asociativo. 

Se arriesgan a desaparecer por falta de financiación, lo que implicaría dejar sin apoyos a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. 

En Canarias, afectaría a más de 4.500 personas con discapacidad intelectual y sus familias, además de a más de 4.000 profesionales y 300 personas voluntarias.

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