Plena inclusión España y la Universidad de Alcalá de Henares han estado trabajando en un estudio sobre la exclusión social en familias con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Del mismo, se desprende que más de la mitad de estos hogares se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Esto quiere decir que el 60% no cuenta con ingresos regulares provenientes de trabajo remunerado. Además, en el 80%, la persona que se encarga de prestar los apoyos a la persona con discapacidad es una mujer.
El estudio, además de funcionar como una forma de conocer la realidad de las familias, nos permitirá fomentar que las Administraciones proporcionen respuestas más ajustadas a las demandas reales.
Más de 400.000 hogares en vulnerabilidad socioeconómica
En concreto, el estudio determina que (en todo el territorio nacional) 407.285 hogares con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo enfrentan una realidad límite, es decir, en graves niveles de vulnerabilidad socioeconómica. De ellos, el 6,3% (25.658) vive en necesidad extrema.
La presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, que también tiene un hijo con discapacidad intelectual y del desarrollo, manda el siguiente mensaje a la instituciones: “Resulta urgente que las Administraciones públicas actúen sobre un fenómeno de precariedad y vulnerabilidad muy extendido que necesita de medidas en diversos ámbitos. Además, desde Plena llevamos muchos años pidiendo que se apruebe una Ley de Familias que dé marco jurídico estatal a políticas que difieren dependiendo de la Comunidad Autónoma de la que hablemos”.
¿Qué factores refuerzan estas situaciones de exclusión?
La discapacidad es un factor de vulnerabilidad socioeconómica, sí, pero el informe explica que la situación de vulnerabilidad se construye en convivencia con otros factores:
- Nivel socioeconómico. Cuando se carece de un salario regular.
- Desigualdad de género. Las mujeres son el personal de apoyo familiar en el 80% de los casos.
- Vulnerabilidad al aislamiento social. Los vínculos comunitarios son mínimos o nulos en el 40% de los hogares.
- Grandes necesidades de apoyo y recursos insuficientes para lograrlos.
- Envejecimiento de quienes prestan apoyos
- Hogares con varias personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Humanizar los datos
Este estudio elaborado en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares suma testimonios de familias a los habituales análisis estadísticos.
Lo hace mediante entrevistas que recogen situaciones del tipo:
- Dificultades generales en materia económica
- Sobrecarga en la prestación de apoyos
- Problemas en el acceso a servicios
- Apoyos que se quedan cortos
- Situaciones agravadas de dificultad económica por tener que reducir las jornadas laborales o renunciar a empleos
- Consecuencias emocionales y relacionales de todo lo anterior
“Me voy para trabajar 3 horas a un parking que estoy allí de limpieza. (…) Luego salgo, y tengo que irme en bus para casa (…) Entonces, hago la comida, recojo todo en la casa y depende, porque como trabajo también de noche… Si entro a las 8, a las 6:30 tengo que salir con mi hijo, hasta [zona de la ciudad donde viven], para encontrarme y dejar a las 7:05, o así, con su padre, entregar el niño, que se lo lleve para casa, y yo irme para el trabajo”, cuenta una madre que aparece en el informe.
Frente a la vulnerabilidad socioeconómica, ¿qué demandamos?
- Políticas públicas que atajen las necesidades reales.
- Más y mejor acceso a todo tipo de recursos y apoyos.
- Perspectiva interseccional que englobe todos los factores que intervienen en la construcción y cronificación de la vulnerabilidad.