Este 14 de julio de 2026 se ha producido la esperada reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia en el Congreso de los Diputados con 179 votos a favor, 33 en contra y 137 abstenciones.
Desde todo el movimiento asociativo Plena inclusión España, se valora de forma muy positiva este acontecimiento, puesto que trae consigo avances fundamentales en el modelo de apoyos y cuidados para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como para sus familias.
El papel de Plena inclusión España en la reforma
Esta confederación, que apoya a más de 150.000 personas y se compone de 950 entidades (4.500 y 28 en Canarias, respectivamente), sumó aportaciones al proyecto de ley durante la fase de consulta pública.
Y es que lograr la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia forma parte del camino iniciado por el mandato de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y la modificación en 2024 del artículo 49 de la Constitución Española.
Además, conviene recordar que, precisamente, la nueva redacción del artículo 49 en la Constitución cambió el modo de hablar de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y subrayaba lo imperativo de amplificar la protección de los derechos de las niñas y mujeres con discapacidad.
En este sentido, la reforma aprobada hoy supone que el Sistema de la Dependencia empiece a inclinarse por una perspectiva que ponga en el centro la inclusión en la comunidad, autonomía y promoción de los derechos.
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¿Qué implica la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia?
- Optimizar la asistencia personal.
- Fomentar la capacidad de participación de las personas con discapacidad y sus familias.
- Disminuir el uso de restricciones.
- Potenciar medidas que extiendan la vida en comunidad.
- Acelerar el acceso a las ayudas a la discapacidad con pasarelas desde la dependencia.
- Establecer una cartera de prestaciones más flexibles y alineadas con las necesidades reales de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.
En este sentido, como declara Enrique Galván (director de Plena inclusión España): “Lo aprobado supone un giro significativo que transita desde un sistema rígido y limitado a otro con mayor capacidad de adaptarse a las necesidades y el proyecto de vida de las personas y de sus familias en su entorno comunitario”.
2 conquistas que merecen mención aparte
Una de las reivindicaciones más importantes de los últimos años es la de consolidar la figura profesional del facilitador procesal.
¿Por qué? Porque proporciona un acceso real y efectivo al sistema judicial para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Otra cuestión, vinculada con la facilitación procesal (y el resto de áreas de la vida) es la accesibilidad cognitiva. A partir de ahora, ya figura como un derecho. En concreto: el derecho a entender la realidad.
El tema de la financiación
En ocasiones, cuando se aprueban leyes, estas se dejan sin financiación o con infra-financiación. Debido a ello, su aplicación real se convierte en papel mojado.
Para evitar que se repita esta historia, las normas reformadas incorporan un Real Decreto Ley que ya tiene previsto aportar 6.200 millones de euros adicionales, tanto al Sistema de Autonomía y Apoyo a la Dependencia (SAAD) como a su sostenibilidad.
La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, ¿qué ha dejado pendiente?
- Deja en manos de las comunidades autónomas la regulación del copago.
- No establece por ley ningún umbral de capacidad económica exenta de copago.
- Evita afrontar la dignificación del sector profesional que apoya a personas con discapacidad y sus familias.
Por último y a modo de cierre, desde todo el movimiento Plena inclusión España, solicitamos que se lleve a cabo una adecuada gobernanza con las comunidades autónomas.
Solo así se podrá garantizar que, en todos los territorios del Estado, las reformas proporcionen los mismos derechos.
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